La artista se enfrenta en este proceso, derivado del 'caso Malaya', a una pena de tres años y seis meses de prisión y una multa de 3,7 millones de euros por un presunto delito de blanqueo. Para el ex regidor, la Fiscalía Anticorrupción solicita siete años y medio de cárcel y una multa de casi 7,5 millones de euros, dado que suma también un supuesto delito de cohecho pasivo.
La Sala reitera que no puede pronunciarse sobre el fondo del asunto y recuerda que el Ministerio Público ya presentó escrito de acusación en abril. Pero sí introduce una «breve reflexión» para apuntar que es «plenamente consciente» de la «gravedad de los delitos imputados y la trascendencia económica» que, en caso de acreditarse dichos delitos, «pudieran haber ocasionado al Ayuntamiento de Marbella».
Existen suficientes indicios para que la causa penal por un supuesto delito de blanqueo de capitales que se sigue contra la tonadillera Isabel Pantoja prosiga su curso. Así lo establece la Audiencia Provincial de Málaga, que ha rechazado el recurso presentado por la cantante contra el auto en el que se ordenaba continuar la causa por el trámite de procedimiento abreviado y mantener la imputación de Pantoja y del ex alcalde de Marbella Julián Muñoz, entre otros.
La Sala reitera que no puede pronunciarse sobre el fondo del asunto y recuerda que el Ministerio Público ya presentó escrito de acusación en abril. Pero sí introduce una «breve reflexión» para apuntar que es «plenamente consciente» de la «gravedad de los delitos imputados y la trascendencia económica» que, en caso de acreditarse dichos delitos, «pudieran haber ocasionado al Ayuntamiento de Marbella».
La Audiencia Provincial también se muestra conocedora del «perjuicio que este tipo de procesos de extraordinaria influencia mediática producen de hecho en la fama, en la profesión y en el patrimonio de los imputados».
En este sentido, la Sala coincide con las defensas en la necesidad de «evitar en la medida de lo posible la indeseada 'pena de banquillo'», pero subraya que el entramado societario y las relaciones económicas, familiares y personales descritas por el juez «hacen imposible» que el tribunal pueda pronunciarse «con suficiente conocimiento de causa», lo que obliga a que sea en el juicio donde se determine la supuesta participación de los imputados en los hechos y su posible responsabilidad penal.
En este sentido, la Sala coincide con las defensas en la necesidad de «evitar en la medida de lo posible la indeseada 'pena de banquillo'», pero subraya que el entramado societario y las relaciones económicas, familiares y personales descritas por el juez «hacen imposible» que el tribunal pueda pronunciarse «con suficiente conocimiento de causa», lo que obliga a que sea en el juicio donde se determine la supuesta participación de los imputados en los hechos y su posible responsabilidad penal.
Fuente: diariosur.es
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